Ponencia del Centro Freinet Prometeo al XXV Encuentro de Educación Alternativa

¿Habrá algún día en que se acabe para siempre la abyecta procesión del matadero?
Agosto, 1968
José Emilio Pacheco
  
Cuando esperaba el día se hizo de noche
Y nunca aprendí
A caminar en tinieblas.
Ilusión
José Emilio Pacheco

XXV REUNIÓN NACIONAL DE ESCUELAS ALTERNATIVAS.
TEMA: “EL RETO DE LAS ESCUELAS ALTERNATIVAS ANTE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS, EL CURRÍCULUM NACIONAL Y LAS ÚLTIMAS REFORMAS”
FECHA: 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2015, PUEBLA, PUEBLA. SEDE: CENTRO FREINET PROMETEO, S. C.

I. POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y LOS GOBIERNOS

¿De qué políticas públicas podemos hablar en este espacio cuando a lo que nos orillan las circunstancias es a hacer comentarios sobre los políticos “públicos”? 


Cada sexenio, presenciamos cómo el gobierno en turno promueve las mejoras que supone viables para que México pueda integrarse al “desarrollo mundial óptimo” visto desde los parámetros de los organismos internacionales; a veces, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de estos, y en otros casos entendiéndolas o instrumentándolas mal o, de plano, ignorándolas como claramente sucede en lo que se refiere a los Derechos Humanos, por ejemplo. 
Desde su inicio este gobierno enfiló todas sus baterías para lograr las reformas estructurales que el poder tenía en mente desde hace muchos años, dentro de ellas incluyó la educativa y, aunque todas nos atañen e importan, toca aquí centrarnos en ella, puesto que es la que más tiene que ver con nuestra profesión. Para saber si realmente estamos hablando de una reforma hicimos una rápida revisión histórica de los grandes momentos en la educación de México durante el Siglo XX y de las propuestas actuales, y encontramos que el gobierno ha hecho los cambios, centrándose en los instrumentos:

Ley General de Educación (última reforma el 20/05/14) que, desde el discurso oficial mediático, promueve “elevar y fortalecer la calidad de la educación con equidad e igualdad de oportunidades para reducir las desigualdades sociales a partir del interés del Estado en la niñez, destinar mayores recursos a las zonas más pobres del país, garantizar educación pública laica, gratuita y obligatoria; mejorar la calidad profesional docente y que los y las estudiantes que estén más tiempo en los planteles; que cuenten con mejores libros de texto y materiales educativos en instalaciones adecuadas y en buen estado”. Algunos de estos aspectos capataron el interés inmediato de las familias, sobre todo el de la jornada ampliada y el de que no se pagarán cuotas en las escuelas públicas, sin considerar que no es claro cómo se hará la asignación de recursos para cubrir las necesidades mínimas de un plantel. Ya se han cuidado las autoridades de no hablar mucho sobre los acuerdos secretariales 714 y 716 en los que se señala que los Consejos Escolares estarán a cargo de la gestión de recursos para las escuelas, sin aclarar tampoco su particular concepto de la palabra gestión que, en los terrenos empresariales y administrativos, suele usarse como sinónimo de financiación. Cabe preguntarse entonces ¿la ley garantiza la gratuidad, o promueve la privatización encubierta? Más bien parece que las tendencias son: menor participación del Estado en el gasto educativo y abandono de sus responsabilidades, subordinación a los lineamientos establecidos por los organismos internacionales, pérdida de derechos laborales, traslado de las obligaciones de los gobiernos hacia las familias y mayor apertura a las iniciativas privadas en educación. 

Sobre otros aspectos sustantivos planteados en la ley como la equidad de género, la formación docente, las escuelas de tiempo completo, la promoción de la salud y el fomento a la cultura, se dice el qué, pero no se dice el cómo ni el cuándo; mucho menos aclara la estrategia para que los cambios impacten las prácticas sociales y modifiquen la cultura del país. Como siempre, la información fluye a cuentagotas y de manera muy sesgada.

Ley General del Servicio Profesional Docente, reforma que ha generado más polémica entre el magisterio y la sociedad, así como protestas personales y gremiales de profesores/as (las más combativas desde la CNTE), quienes exigen que sea derogada. Sus puntos principales son: 

Nuevas reglas para la asignación de plazas. La ley establece que las nuevas plazas docentes para educación pública básica (preescolar, primaria, secundaria) y media superior (bachillerato) serán asignadas sólo por concursos de oposición que, de preferencia, serán anuales. Sin embargo, persisten prácticas como la asignación discrecional o amañada de plazas e incluso la venta de las mismas. 

Se amplía el perfil de aspirantes. Durante los primeros dos años a partir de que la ley entró en vigencia (11/ 11/13) los concursos de oposición son exclusivamente para egresados de las escuelas Normales. Pasado ese periodo, podrá concursar por una plaza cualquier persona que cumpla con el perfil que definan las autoridades educativas. Cabe preguntarse cuál será ese perfil y cuándo lo sabremos o si ya se definió y lo ignoramos, ¿qué sucederá con los otros profesionales de la educación que hasta ahora tienen negado el acceso?

Otro punto que ha ocasionado polémica en la nueva ley es la limitación del número de comisionados sindicales. Las y los docentes que acepten un cargo o comisión en su sindicato deberán recibir su sueldo de parte de la agrupación gremial, no del Estado. Sin embargo, en los hechos, no se ha visto que el gobierno esté realmente decidido a terminar con el corrupto control corporativo que mantienen los sindicatos de los empleados de gobierno en general, ni tampoco con sus privilegios, por supuesto, el SNTE no es la excepción. Aún están por verse los resultados de estas medidas. 

Evaluación obligatoria es el punto clave de la nueva ley y consiste en la obligatoriedad de profesores, directores de escuela, asesores y supervisores para realizar evaluaciones periódicas, de cuyos resultados dependerá que permanezcan o no en el cargo. Las evaluaciones serán diseñadas o mandadas a hacer a terceros y avaladas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo autónomo del gobierno, y serán aplicadas por las Secretarías de Educación de los estados. El INEE será el responsable de hacer públicos los resultados de las evaluaciones; el personal educativo tendrá hasta tres oportunidades para aprobarlos en un lapso de dos años en el que las autoridades deberán ofrecer programas de regularización, de lo contrario, enfrentará el cese o una reasignación. Aquellos que sean contratados después de que la ley entre en vigor y reprueben las tres evaluaciones perderán su plaza. 

Por lo pronto y basándonos en lo que ha sucedido hasta ahora, ponemos en duda el conocimiento profesional sobre la función docente y sobre la vida en las aulas por parte de quienes diseñaron y aplicaron las pruebas. Las y los docentes democráticos no nos oponemos a ser evaluados, pero claramente disientimos de los mecanismos y estrategias que el gobierno quiere instrumentar aplicándolos estandarizadamente y tratando igual a desiguales. 

Ley orgánica del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación cuya misión es “contribuir al mejoramiento de la educación a través de evaluaciones integrales de la calidad del sistema educativo y de los factores que la determinan, así como de la difusión transparente y oportuna de los resultados para apoyar la toma de decisiones, la mejora pedagógica en las escuelas y la rendición de cuentas”, planteando que su política “debe contener la distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y la del Sistema Educativo Nacional y las acciones para establecer una cultura de la evaluación educativa”. Como siempre, un discurso impecable que no se ve reflejado en las acciones reales. 

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